Treinta años no es nada. O treinta años es todo. Depende de la óptica que elijamos para medir la historia. Treinta años es, por ejemplo, el tiempo que transcurrió entre el ascenso de Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la República, en 1916, y la llegada de Juan Domingo Perón a esa misma función institucional, en 1946. Treinta años es el tiempo que transcurrió entre la muerte de Eva Duarte de Perón, en 1952, y la ocupación de las islas Malvinas por decisión del gobierno que presidía el general Leopoldo Galtieri, en 1982. Treinta años es el tiempo que transcurrió entre la llegada del general Agustín P. Justo a la presidencia de la Argentina, en 1932, y el derrocamiento de Arturo Frondizi, en 1962.

Hemos elegido arbitrariamente estos hechos y estos nombres para ayudarnos a nosotros mismos a obtener una idea -o, mejor dicho, una noción vivencial- de lo que significan treinta años en la vida de una nación.

Hoy se cumplen treinta años del día en que los jefes de las Fuerzas Armadas de la Nación derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y establecieron un régimen de facto que se prolongó hasta 1983. Ese régimen es recordado hoy, casi exclusivamente, por las violaciones a los derechos humanos y, muy especialmente, por el secuestro y posterior asesinato de miles de personas, delitos que fueron perpetrados por agentes de la propia estructura del Estado, supuestamente como parte de una política de represión destinada a exterminar a las organizaciones terroristas que operaban en el país.

Los treinta años transcurridos desde 1976 deberían servirnos para reflexionar, en lo posible, sobre el contexto de violencia en el cual se insertó el golpe de Estado del 24 de marzo. Para eso es imprescindible recordar que la violencia estaba instalada en la Argentina bastante antes del día en que las Fueras Armadas tomaron el poder. Había violencia en la Argentina no sólo por la ola de crímenes que venían perpetrando desde la década del 60 las organizaciones del terrorismo subversivo sino también por la cuota de horror que aportaba la llamada Triple A, nacida de las entrañas del oficialismo justicialista y alentada también desde algunos focos de la estructura del Estado.

Tener en cuenta estos antecedentes no significa, por supuesto, descargar de culpas al gobierno militar por haber utilizado métodos de represión ilegales. La reflexión que intentamos desarrollar apunta, únicamente, a describir el trasfondo sobre el cual se recortaron los hechos posteriores al 24 de marzo de 1976. Y, sobre todo, a subrayar y tomar en cuenta el escasísimo valor que la vida humana tenía ya en la Argentina cuando María Estela de Martínez fue obligada a dejar el poder.

La memoria de cada uno de nosotros está llena de referentes estremecedores del proceso de violencia que envenenó a la sociedad argentina en los años 70. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, el horrendo asesinato del doctor Carlos A. Saccheri, perpetrado en presencia de sus hijos el 30 de diciembre de 1974? Del mismo modo, ¿quién ignora que ese crimen perverso fue una «represalia ideológica» por el asesinato -no menos brutal- del doctor Silvio Frondizi, a quien los criminales de turno habían sacado de su casa por la fuerza el 27 de septiembre del mismo año? Hemos elegido al azar estos dos homicidios terribles porque son altamente reveladores de la ira criminal que se había apoderado de los sectores más radicalizados de la sociedad en aquellos años de furia y fanatismo. Tanto Saccheri como Frondizi eran figuras del mundo intelectual, algo así como personajes emblemáticos de la docencia universitaria. Es difícil imaginar un nivel mayor de alienación criminal que el que asoma detrás de esos dos asesinatos «estratégicos», que pretendían involucrar en el fuego cruzado de una guerra demencial a dos representantes del pensamiento nacional. Desde luego, estos dos nombres podrían perfectamente ser sustituidos por otros y el ejemplo moral valdría igualmente como testimonio del infierno en que se había convertido la Argentina.

Con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón se consumó el quinto golpe militar del siglo XX. Los anteriores se habían producido en 1930, en 1943, en 1955 y en 1966. Cada una de esas intervenciones militares tuvo el componente de violencia que correspondía al momento o a la época en que se gestó. Los desbordes inéditos de violencia a que dio origen el golpe de Estado de 1976 hunden sus raíces, fuera de toda duda, en el clima virulento y sórdido que el fuego entrecruzado de las organizaciones extremistas habían ayudado a crear.

Pero la historia obliga también a recoger, junto a las sombras, algunas tímidas luces. Frente a los crímenes perpetrados en los años 70 -y, más concretamente, a los que se cometieron desde la estructura del poder durante el gobierno de facto-, es necesario rescatar la capacidad de reacción de buena parte de la sociedad argentina, que se mostró receptiva a las denuncias formuladas por las organizaciones defensoras de los derechos humanos ante los diferentes foros mundiales. Expresión elocuente de esa percepción fue, sin duda, el juicio a los comandantes que se sustanció en 1983, cuando se restablecieron en el país las instituciones democráticas y asumió la presidencia de la República el doctor Raúl Alfonsín. Más allá de las discrepancias que se puedan mantener con los términos jurídicos en que se desarrolló el llamado proceso a las juntas, debe reconocerse que el país adoptó una actitud que no reconocía precedentes en el mundo y sentó un ejemplo importante en lo concerniente a la búsqueda de responsabilidades por los errores o abusos de un gobierno de facto. El juicio concluyó -no está de más recordarlo- con la condena a prisión perpetua de varios de los comandantes procesados.

Hoy, cuando han transcurrido treinta años, los argentinos sentimos que ha llegado la hora de empezar a transitar con paso firme por la senda de la reconciliación, ese valor esencial de las sociedades democráticas, tantas veces proclamado y tan pocas veces asumido en su auténtica significación moral. La reconciliación no incluye necesariamente el olvido. La reconciliación supone el propósito de avanzar hacia un futuro en el que la voluntad de consolidar la paz, la plena vigencia del Estado de Derecho y el respeto a la dignidad de la persona humana sea más fuerte que todo otro sentimiento y que toda otra pasión. nn nn nnnnnn",0] ); D(["ce"]); D(["ms","49b"] ); //-->

Treinta años es suficiente para que los argentinos asumamos los hechos de la década del 70 tal como fueron, sin distorsiones cómodas ni reduccionismos fáciles. Y para que nos miremos en el espejo de la historia sin resentimientos, sin rencores, con la convicción de que más allá de las fantasías desbordadas y de los extremismos autodestructivos, hay una Argentina posible que espera ser descubierta. En esa Argentina aspiramos a vivir.

Por Bartolomé de Vedia
De la Redacción de LA NACION

3 análisis insospechados de alineamiento “progre”:

3 notas de La Nación –de claro perfil centroderechista gorila y conservador- donde de una u otra manera los autores dejan por sentado que ante el golpe la UCR ocupó el papel mas digno y de mayor compromiso para salvaguardar el orden a pesar de todo. Especial para zurdos y peronistas que hoy por hoy andan arrancándose jirones de compromiso y patriotismo…

Acosado por la violencia guerrillera, el tenebroso accionar de la Triple A y la implacable presión militar, el gobierno sin rumbo de Isabel Martínez de Perón cayó finalmente el 24 de marzo de 1976

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Hace treinta años, la historia tropezó con una tormenta perfecta. Un gobierno civil, elegido legítimamente, oscilaba entre la ineptitud y la parálisis. Grupos insurgentes se habían levantado en armas contra ese gobierno al que, bien o mal, debía reconocérsele su origen democrático. Las Fuerzas Armadas, que todavía tenían el porte de un partido militar, habían descerrajado la ambición de tomar el poder. Una clara mayoría social -y política- reclamaba, a su vez, una recuperación del orden a cualquier precio. Empezaba, así, una de las noches más largas y oscuras de la historia argentina, que dejaría miles de muertos y que instalaría el método aberrante del secuestro, la tortura y la desaparición de los opositores, verdaderos o inciertos.

La historia no es arbitraria ni sorpresiva; su trama va construyendo, a veces de manera imperceptible, los trazos del futuro. Néstor Kirchner suele decir, si bien nunca en público, que la curva maliciosa de aquel proceso histórico se produjo con la decisión irrenunciable de Juan Domingo Perón, ya anciano y enfermo, de recuperar personalmente el poder en 1973 y, encima, de nombrar como su sucesora a su propia esposa, María Estela Martínez. Su análisis puede estar teñido por cierta ideología, pero no deja de acercarse demasiado a la verdad. El viejo general, doblegado por el tiempo y la mala salud, y su esposa, seriamente limitada en su capacidad intelectual y política, terminaron haciendo un aporte importante al fracaso posterior. Los grupos insurgentes, fundamentalmente Montoneros y el ERP, no le dieron tregua al gobierno democrático de 1973. Secuestros, asesinatos, intentos de copamientos de pueblos, comisarías y regimientos militares acompañaban a un deshilachado proceso político. A fines de 1975, ambas asociaciones guerrilleras habían pasado a la clandestinidad, luego de una breve tregua. Esto es: habían decidido combatir al gobierno constitucional con las mismas armas que habían usado, desde 1969, contra un gobierno militar.

Fue el gobierno de la señora de Perón (aunque muchas investigaciones posteriores le atribuyen la idea al propio Perón) el que aplicó, por primera vez, el sistema del secuestro y el asesinato. Su ejecutor fue el entonces todopoderoso ministro de Bienestar Social José López Rega y la tenebrosa Triple A, un conglomerado de sicarios, policías y militares que mató a varios intelectuales y militantes políticos y envió al exilio a muchos artistas, académicos y escritores argentinos. Algunos no han vuelto más y otros sufren todavía las consecuencias físicas o psíquicas del exilio forzado.

La política no encontró una solución, ni buena ni mala. El peronismo temblaba ante la sola presencia de la señora de Perón, dueña sólo de un apellido mitológico para ese partido. Los dirigentes peronistas sabían que la presidenta era una persona que carecía de atributos, caprichosa y pendular, con una peligrosa tendencia a encerrarse en el silencio y la paranoia. Intentaron, en 1975, una operación para desplazarla y para que fuera reemplazada por el presidente provisional del Senado, el peronista Italo Lúder, pero ni él ni su partido se animaron a perpetrar el asalto final contra la viuda del caudillo.

El propio radicalismo, entonces el principal partido de oposición, maniobró hasta lo imposible para encontrar una salida, pero el laberinto no tenía salida. Injustamente se le atribuyó al entonces líder radical, Ricardo Balbín, la aseveración de que él no tenía soluciones. Balbín había dicho que él no tenía soluciones, pero que había soluciones. Era una forma elegante de buscar un consenso político para salir de la infernal ratonera, que nadie pudo encontrar nunca.

A la crisis política se le agregó la sensación de vacío de poder en el control de la economía. La Argentina vivió luego crisis económicas mucho peores, pero la señora de Perón cambiaba ministros de Economía con una frecuencia de vorágine, había promovido una hiperdevaluación (conocida luego como el "rodrigazo" por el apellido del ministro que la decidió, Celestino Rodrigo), la inflación se disparó a niveles socialmente insoportables y los sindicatos se levantaron en abierta indisciplina contra

la frágil presidenta. La política se encaminaba así, irremediablemente, hacia una derrota.

Es cierto, por otro lado, que los valores sociales eran otros en aquellos años. La ponderación de la vida democrática, que luego hizo la sociedad argentina y la latinoamericana, no existía en aquel momento. La mano dura era la solución, desde ya cortoplacista, que históricamente la Argentina había puesto en práctica ante una sensación colectiva de caos. Lo mismo había sucedido -o sucedería- en la mayoría de los países latinoamericanos (Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay, entre muchos más) con las excepciones de Venezuela y Colombia.

El mundo se regía, además, por otros parámetros. Washington no había abandonado aún la política latinoamericana que aplicó desde la crisis de los misiles en Cuba, a principios de años sesenta. Esa política sostenía que la Unión Soviética jamás tendría otra base posible en América latina después de Cuba. Los gobiernos militares (y sus políticas contra las insurgencias de izquierda) servían claramente a ese objetivo de seguridad de los Estados Unidos.

Sólo a principios de 1977 asumió Jimmy Carter la presidencia norteamericana. Tardó un año más todavía en definir las distintas corrientes internas de su gobierno. En 1978, Washington adoptó una nueva política de Estado -aún vigente ahora- para América latina: debían prevalecer la democracia y el respeto a los derechos humanos en el continente, señaló la nueva doctrina. Carter usó la diplomacia y la política para presionar al gobierno repetidamente.

El derecho a la vida en la Argentina le debe a Carter mucho más que lo que aparece a primera vista, aunque nunca se le agradeció ni mucho ni poco.

El clima interno, el regional y el mundial sirven para explicar el contexto. ¿Podría salvar todo eso de cualquier responsabilidad a los militares argentinos? Desde ya que no. En primer lugar, porque desde mediados de 1975 se negaron a contribuir a una solución, que buscaban algunos dirigentes políticos de buena fe. Los planes para tomar el poder, las ambiciones que habían crecido entre los caudillos uniformados y el argumento de una guerrilla ciega y torpe, que lo era, sentaron las bases inexorables del golpe de Estado que se abatió en el otoño de hace treinta años.

La señora de Perón se había comprometido ante Balbín, incluso, a llamar a elecciones presidenciales para octubre o noviembre de ese mismo año (debía hacerlo recién en 1977) y a no presentarse como candidata a la reelección. Faltaban sólo siete u ocho meses. Balbín fue y vino con ese mensaje de esperanza, pero la respuesta del entonces jefe de la Armada, Emilio Massera, fue tajante: "No sirve. Ya es tarde". En la dictadura convivieron sectores duros y moderados, pero lo cierto es que estos últimos nunca pudieron imponerse a los otros. De nada vale, por lo tanto, regodearse con esas internas inservibles. Los señores de la guerra (Suárez Mason en Buenos Aires, Menéndez en Córdoba, Díaz Bessone en Rosario y Bussi en Tucumán, entre otros) definieron con los hechos consumados las líneas generales del régimen.

Como nunca antes, los militares ocuparon entonces casi todas las covachas del Estado: ministerios, secretarías de Estado, embajadas, direcciones de canales de televisión y de radios, intervenciones de sindicatos. La sociedad civil fue virtualmente expulsada de la conducción del Estado con la sola excepción del Ministerio de Economía que cayó en manos de José Alfredo Martínez de Hoz.

El método del secuestro, la tortura y la desaparición de personas fue decidido por la entonces cúpula militar en reuniones secretas, propias de una logia. Se sabe ahora que se discutió la alternativa de juicios sumarios con la posibilidad de fusilar a los líderes guerrilleros. La propuesta no funcionó porque los duros argumentaron que el entonces dictador español Francisco Franco había decidido, un par de años antes, la muerte por garrote vil de tres guerrilleros etarras y que la repercusión en el mundo había sido pésima. Hasta el entonces Papa Paulo VI intercedió públicamente por los condenados. Franco no cedió, como era su costumbre, y su decisión se ejecutó.

El método elegido en la Argentina resultaría mucho peor y significaría, en los hechos, un descrédito para los militares que duró varios lustros. Permitió la arbitrariedad que terminó con el secuestro de personas sólo acusadas de figurar en agendas de sospechosos, con el robo de niños en cautiverio (como se comprobó judicialmente en los años 90) y con la resolución por la vía violenta de las propias tensiones internas de la dictadura.

Internas y métodos

Los casos paradigmáticos de secuestros y muertes de civiles para dirimir cuestiones internas del régimen fueron el del entonces embajador en Venezuela, que provenía del radicalismo, Héctor Hidalgo Solá, y el de Edgardo Sajón, ex secretario de Prensa del general Alejandro Lanusse. Ninguno de los dos tuvo ninguna vinculación nunca con movimientos insurgentes.

Sucedía que Hidalgo Solá era un enemigo acérrimo de Massera y que la conducción militar de entonces era francamente antilanussista. Acusaba a Lanusse, el último caudillo militar de envergadura, de haberle entregado el poder a Héctor Cámpora, que decidió, no bien asumió, la liberación de todos los jefes guerrilleros presos por la Cámara Federal en lo Penal. Uno de los jueces de ese tribunal fue asesinado poco después.

El método requería también el silencio de la prensa, que fue sometida a leyes especiales de censura para publicar los enfrentamientos con grupos subversivos. Eso incluía a las acciones de los militares en materia de secuestros y desapariciones. Los diarios corrían el riesgo de ser clausurados. La televisión y la mayoría de las radios estaban en manos del Estado. El proceso que se inició el 24 de marzo de 1976 significó también el período más tenebroso y agresivo contra la libertad de prensa en la historia reciente.

Ninguno de los esbozos de apertura del régimen tuvo una vida larga. De hecho, Jorge Rafael Videla había incorporado, no bien accedió a la presidencia, a siete u ocho embajadores políticos con pasado de militancia en el radicalismo o en partidos conservadores. Pero fue él mismo el que decidió endurecer su gobierno en 1978 y lo enfiló hacia una larga permanencia de los militares en el poder. Ya entonces los militares argentinos demostraban que no tenían información ni olfato sobre lo que sucedía en el mundo: justo en ese año, Carter decidió promover la democracia en América latina.

Otra promesa de apertura fue la que corporizó Roberto Viola, el segundo presidente militar de la dictadura. Como uno de los principales jefes militares de la década del 70, Viola había participado, desde ya, en la decisión de combatir a la insurgencia con métodos ilegales. Convocó a su gabinete a algunos civiles y lo llenó de militares que habían pertenecido al bando de los blandos. No sirvió de nada. Viola era una rara experiencia dentro de las dictaduras argentinas. No tenía la conducción del Ejército, pero nunca había sido tampoco (como lo fue Juan Carlos Onganía) un caudillo militar. Empezó su presidencia con tiempo de descuento.

Una extraña enfermedad coronaria (que figuró en partes médicos en los que nadie creyó) lo tumbó de la presidencia y puso a ésta en manos del entonces jefe del Ejército, Leopoldo Galtieri.

La crisis económica que se desató poco tiempo después de la llegada de Viola al gobierno y cierto hastío social por la grisura política de aquellos tiempos habían condenado al régimen militar, y entonces parecía que sólo quedaba negociar el regreso de la democracia. Los partidos políticos se habían nucleado en un alianza que incluyó al peronismo, al radicalismo y al frondicismo, entre otras fuerzas políticas, entonces importantes.

Sin embargo, Galtieri volvió a mirar el mundo con ojos equivocados. Imaginó que la ocupación militar de las islas Malvinas oxigenaría al régimen y que él mismo podría proyectar una larga duración en el poder. La ocupación de las Malvinas significaba un enfrentamiento bélico con el principal aliado de los Estados Unidos en el mundo, Gran Bretaña, y con la OTAN, la alianza militar del Atlántico Norte que incluye a las principales potencias del mundo.

Ninguna de las aspiraciones de Galtieri y de su gobierno funcionó y los militares se toparon, para peor, con una guerra perdida de manera casi humillante. La guerra constituyó, al mismo tiempo, una seria regresión de la Argentina, tanto para su diplomacia como para su propósito de recuperar las islas en el confín del sur. nn nn nnnnnn",0] ); //-->

Galtieri cayó, implacablemente, y lo que siguió fue un corto proceso para retirar a los militares del poder y devolverles a los políticos las riendas del Estado. Terminó el poder de los militares, pero no su presencia en el escenario político. Esta vez ya no serían protagonistas principales, sino el centro de una dura impugnación política y social. El sistema que eligieron para combatir a los grupos guerrilleros, que no era otro que el de equiparar el método de los guerrilleros con los del Estado, vació de legitimidad la acción antisubversiva. Aquel método ilegal era perverso en manos de cualquier insurgencia, pero lo era más, sin duda, cuando el Estado copió su práctica.

Durante los años ochenta y noventa, se sentó a los militares en el banquillo de los acusados. Primero fue el juicio a las primeras juntas militares, las que adoptaron y continuaron con el método del secuestro y desaparición de personas. Luego se reabrieron las causas por el robo de los niños en cautiverio, un delito que no había sido juzgado en aquel juicio a las juntas. Los principales jefes de la dictadura están presos, en cárceles o en sus casas, casi desde la restauración democrática.

Sea por las razones que fueren (valentía de los dirigentes políticos o debilidad extrema de una dictadura que fracasó en todos lados), lo cierto es que la Argentina abrió un camino de revisión del pasado en América latina, que dejó atrás al resto de los países de la región. No hay justicia con la historia, por eso, cuando se proclama que nada se hizo -y que todo está por hacerse- con la investigación de uno de los períodos más trágicos y oscuros de la Argentina moderna.

Por Joaquín Morales Solá

Ni la violencia tuvo una sola cara ni las ideologías de unos y otros se vieron reflejadas coherentemente en la realidad: dividido entre nacionalistas y liberales, el Proceso no adscribió orgánicamente al neoliberalismo, como se suele decir. La ideología de los golpes militares no fue nunca obra de los propios militares sino de intelectuales. A diferencia de los golpes de 1930,1943, 1955 y 1966 -que tuvieron como ideólogos orgánicos a los nacionalistas católicos-, el de 1976 no tuvo ideólogos notorios, la única ideología era la «doctrina de la seguridad nacional», «las fronteras ideológicas» y «la lucha contra la subversión», en el contexto histórico de la Guerra Fría. En el golpe del 76, el grupo nacionalista católico no jugó un papel preponderante. Los grandes personajes de ese movimiento estaban muertos o eran muy viejos, pero sobre todo el clima cultural del mundo era otro y ya no había lugar para esa tendencia. La iglesia católica tampoco auspiciaba ya los movimientos nacionalistas de tinte fascista. A partir del Concilio Vaticano II, aceptó la democracia y el liberalismo, antes tan demonizados como el comunismo y ahora transformados en una alternativa. Además, la iglesia argentina estaba dividida: mientras una parte de la jerarquía auspició el golpe y después apoyó la dictadura, algunos sacerdotes estaban involucrados con el peronismo de izquierda y aun con la guerrilla. Otros factores motivaron igualmente la orientación de la dictadura. La Guerra Fría entraba en su segunda fase con el auge de las guerrillas latinoamericanas lideradas por jóvenes intelectuales de clase media encandilados por el ejemplo de Cuba. Esta situación alentó, en la política exterior de los Estados Unidos, la aceptación de dictaduras militares en el continente como reaseguro contra las presuntas revoluciones de izquierda apoyadas por la Unión Soviética y Cuba. Fue así como la derecha argentina se fue desprendiendo de sus últimos vestigios fascistizantes y aun del anacrónico nacionalismo católico para adoptar un liberalismo conservador, más acorde con los nuevos tiempos. En 1976 no se disponía de intelectuales comparables a Leopoldo Lugones, Carlos Ibarguren, Ernesto Palacio o Julio Irazusta -que elaboraron las doctrinas justificadoras en las anteriores dictaduras-, y los militares por sí mismos se mostraron incapaces de concebir una sola idea. Carente de esa elite de ideólogos, el Proceso sólo contó con nombres de segunda línea hoy completamente olvidados, como Jaime Perriaux, uno de los pocos que intentó dar cierto contenido ideológico al Proceso. El filósofo a mano era Ortega y Gasset, de quien se olvidaba la faz agnóstica y se rescataba, en cambio, su desprecio por la democracia de masas. Asimismo, Perriaux acompañaba al discípulo de Ortega, Julián Marías, en sus conferencias por el país, y consiguió que el propio Videla asistiera como oyente. Videla era un católico integrista y en eso no se diferenciaba de los anteriores dictadores, Uriburu, Ramírez, el efímero Lonardi y Onganía. Pero, a diferencia de todos estos, no fue nacionalista ni alentó el corporativismo, esa utopía reaccionaria de todos los golpes. Videla permaneció fiel al programa económico de su ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Un liberalismo estatista ¿Podría considerarse entonces que el neoliberalismo era esa ideología perdida del Proceso? Los nacionalistas populistas impusieron la teoría de que el golpe tuvo como objetivo principal dar ese giro económico. Pero esa afirmación no es convincente: Martínez de Hoz contaba con el apoyo de Videla, pero era resistido por buena parte de las Fuerzas Armadas -en especial, por los sectores vinculados a Fabricaciones Militares, que eran partidarios del nacionalismo económico-. También la Marina, tradicionalmente liberal, estaba encabezada por el contraalmirante Eduardo Massera, notorio opositor de Martínez de Hoz. Cualquiera fueran las intenciones del ministro de Economía, en su período siguieron inmutables el proteccionismo y el subsidio a ciertas empresas y, lejos de las privatizaciones prometidas, abundaron las nacionalizaciones: las de la Italo y Austral fueron emblemáticas. El crecimiento del gasto público, del endeudamiento externo, de la inflación, eran rasgos que ese oxímoron económico de liberalismo estatista compartía con el populismo al que se había propuesto destruir. La dictadura no fue, por lo tanto -como sostienen, aunque con distinto signo, tanto sus detractores como sus admiradores-, un corte radical en la historia argentina. La dictadura institucionalizada por las tres armas conjuntas la instauró Onganía; el terrorismo de Estado no comenzó en 1976 sino en 1973 con los gobiernos civiles de Cámpora y luego de Isabel Perón y López Rega, ya que en la organización terrorista de la Triple A intervenían miembros del Ministerio de Bienestar Social y de sindicatos, junto a parapoliciales y paramilitares. En cuanto a la economía, el cambio drástico se hizo con el legendario rodrigazo, en 1975, la más brutal baja del salario real antes de la devaluación de 2002. ”Nueva izquierda” Por su parte, la izquierda entraba en los años setenta en una profunda crisis de la que todavía no ha salido. Después de la gran efervescencia que vivió en las dos décadas anteriores debida a la declinación del estalinismo, el reverdecer del trotskismo y el surgimiento del maoísmo, el guevarismo y la llamada «nueva izquierda», estas alternativas mostraron rápidamente su agotamiento. La izquierda argentina, en particular, cometió graves errores: el «entrismo» en el peronismo y la justificación de los movimientos guerrilleros. Sucedió luego un bandazo a la derecha con el apoyo táctico, en el caso de los maoístas al gobierno de Isabel y López Rega, y en el del Partido Comunista, propiciando antes del golpe y durante la dictadura la formación de un gobierno «cívico-militar» y defendiendo a Videla como «militar democrático». Los dirigentes comunistas Fernando Nadra y Athos Favba, junto con Simón Lázara del Partido Socialista, intervinieron en foros internacionales explicando las diferencias entre los militares argentinos democráticos y Pinochet. Estas relaciones particulares entre la izquierda y la dictadura llegaron a su clímax durante la Guerra de las Malvinas, proclamada como «antiimperialista» por todos los partidos de izquierda. Durante toda la década, las izquierdas compartieron con la derecha el desprecio por la democracia, las libertades individuales, el pluralismo y la tolerancia hacia el adversario. Su reticencia a hacer autocrítica, salvo excepciones individuales, a lo que se sumó la despolitización de la juventud, impediría luego jugar un papel importante en el nuevo período democrático donde fue sustituida por un vago y confuso progresismo. La sociedad civil aletargada Pero, más allá de las minorías ideologizadas y politizadas, a izquierda y derecha, durante los años más duros de la dictadura, la sociedad civil y sus instituciones representativas -partidos políticos, universidad, Iglesia, sindicatos, organizaciones económicas, medios de comunicación- permanecieron en total silencio. La clase media estaba anestesiada por la aparente «tranquilidad»: ya no se mataba en la calle, los métodos eran ahora invisibles. Además estaba el señuelo de las atractivas tasas de interés de los plazos fijos -antes de que los bancos empezaran a quebrar- y los viajes a Miami aprovechando el cambio favorable. La clase media diría luego que no se había enterado de nada de lo que pasaba o, cuando la prueba era demasiado evidente, acallaba su conciencia con el consabido «por algo será». Cuando la dictadura dio sus primeros signos de debilidad y decadencia, comenzaron a aparecer algunos documentos públicos donde se criticaba la conducción económica pero no se hacía referencia alguna al aspecto político, no se reclamaba la restauración de la democracia y se reconocía, en cambio, el papel jugado por las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión. El silencio o la discreta parti
cipación de los primeros tiempos se transformó en entusiasta adhesión durante el Mundial de Fútbol y la Guerra de las Malvinas, que provocaron delirantes declaraciones de intelectuales y artistas, con raras excepciones, entre las cuales, esta vez, la de un desencantado Borges. En ese clima de temor y silencio cómplice, sería absurdo pretender que los intelectuales, los escritores y los artistas tuvieran un comportamiento distinto. El viejo mundo cultural del liberalismo democrático desaparecía de escena: Sur ya no se publicaba y Victoria Ocampo -que había bregado contra las dictaduras del siglo veinte, el fascismo, el estalinismo, el franquismo, el castrismo- optó por callar ante la dictadura militar. Alguno de los miembros del grupo Sur no tuvieron, en cambio, esa delicadeza. Los dos principales escritores argentinos, así como el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores de entonces, hicieron declaraciones elogiosas al dictador después de asistir a uno de los almuerzos en Casa de Gobierno, con los que Videla, tan ajeno a las artes y las letras, creyó dar cierto prestigio a su régimen. Massera, más mundano que Videla, alternaba con una exitosa escritora, olvidada ya de su reciente paso por el peronismo de izquierda. Cuando intentó crear un partido propio y postularse para presidente, logró la adhesión de intelectuales y artistas de primera línea, entre estos, algunos comunistas como el pintor Antonio Berni. En su diario Convicción colaboraron igualmente prestigiosos periodistas. El Teatro Municipal San Martín osó dar obras de autores de izquierda como Clifford Oddets, y en su elenco figuraron, por primera vez, actores y directores del teatro independiente de notoria militancia de izquierda. Cuando se conocen esos detalles del cuadro, se descubre que la realidad fue mucho más compleja, menos maniquea, y que tanto la historia oficial como la historia revisada dicen sólo una parte de la verdad. Refugios para las ideas En ese mundo gris y mediocre creado por la dictadura, entre los miembros dispersos del llamado «exilio interior» surgieron algunas voces distintas a las monocordes trasmitidas por los medios censurados y autocensurados. Comenzaron a aparecer algunas revistas culturales a partir de 1978, entre ellas Punto de Vista, que a través de la crítica literaria lograba de manera indirecta recuperar algo del debate político. También se dio un movimiento intelectual semiclandestino que después se llamaría «universidad en las sombras». Eran grupos de estudio que se reunían en casas particulares donde profesores expulsados de la universidad o que nunca habían pertenecido a ella daban cursos a estudiantes hastiados de la enseñanza oficial. Esos grupos se convirtieron en verdaderos refugios para las ideas. La contracultura juvenil, siguiendo el aire de la época del primer mundo, se nucleaba alrededor del rock, muy perseguido hasta la Guerra de las Malvinas, cuando los militares -tras haber prohibido la difusión de música inglesa y norteamericana- lo legitimaron como expresión de la cultura nacional. El balance de la oposición en el mundo cultural, como en el resto de la sociedad, dejó pues mucho que desear. Pocos han hecho luego la autocrítica de su actuación en aquellos años y, con la enorme capacidad de olvido de la sociedad argentina, pocos se acordaron de reclamarla. Algunos de los que habían sido demasiado condescendientes con el Proceso participaron luego en los gobiernos democráticos; alguien hasta integró la Conadep. Con la furia de los conversos, se contaron entre los mayores denunciadores del pasado. La tímida y oscilante oposición a la dictadura -que cayó, no por la resistencia de la ciudadanía, sino por la derrota en la Guerra de las Malvinas- ha dejado lamentablemente su secuela en la baja calidad de las clases políticas y las débiles instituciones de la actual democracia. Por Juan José Sebreli S.A. La Nación, todos los derechos reservados